Una política criminal
adecuada debe proyectarse con gestiones
y metodologías estratégicas dirigidas a la prevención y represión del
delito con el objetivo principal de disminuir la delincuencia pero
primordialmente de prevenir las acciones delictivas, mediante mecanismos que
reflejen trascendencia de las diligencias emanas para dicho enfoque. Por ende, las acciones
destinadas deben tanto partir de la prevención general del delito como de
aquellas acciones represivas que, una vez consumado el acto ilegitimo deben ser
ejecutadas para contrastar el ilícito.
Es imprescindible la construcción de acciones de prevención del delito, generación de
respuesta a la atención de la problemática previo a que el ciudadano delinca,
atender la criminalidad por medio de acciones tanto institucionalizadas como
las que no y , en cuya labor participan diversos actores y grupos
sociales; considerando cada matriz
social y fomentando estrategias que erradiquen la exclusión, marginalización,
desigualdad, es decir, los factores de riesgo que conllevan a la realización de
contravenciones y delitos. Esto
partiendo de la prevención general del delito.
No obstante y, al no efectuar políticas criminales
eficaces que presenten alcances significativos en la sociedad se deben de
ejecutar acciones represivas en relación al Sistema Penal y a lo que este
articula como conductas delictivas debido a su nocividad contra los bienes
jurídicos tutelados; es obligatoriedad del Estado velar por los intereses
constitucionales y por ende la sanción penal debe ser un mecanismo considerable
en un Estado democrático.
Tal es el caso de las acciones destinadas por el
Ministerio Público para combatir la criminalidad por medio de Política de
Persecución Penal en Delincuencia Organizada y Gestión Funcional del Ministerio
Público cuya gestión y proyección se puede apreciar mediante el link https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/Documentos_2018/Circulares/PPP/03-PPP-2010.pdf, el mismo que discute sobre las medidas a desarrollar
ante el hecho delictivo por medio de las garantías y derechos constitucionales conforme a la democracia
nacional, para lograr descubrir el acto ilícito
y la vinculación del delincuente con este. Lo cual pretende desarticular bandas
criminales y con ello contribuir a la disminución de la violencia social, la
tasa de homicidios y la inseguridad ciudadana. “En ese sentido toda política de
persecución penal está íntimamente vinculada a las posibilidades de aplicación
discrecional del presupuesto, los recursos disponibles y los criterios de
gestión para orientar la realidad institucional y el servicio al usuario hacia
una realidad mejorada, como valor público esperado”. (CHAVARRÍA, 2010)
Por otra parte las políticas de persecución penal no
son exclusivamente aplicadas a las personas mayores de edad que delinquen, sino
que a los ciudadanos menores de edad, se les aplica sanciones penales, además
de ello se ha generado un incremento en los Procesos de Persecución en Materia
Penal Juvenil; el cual puede visualizarse mediante el enlace https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/Documentos_2018/Circulares/PPP/11-ADM-_2010.pdf. “Si bien se ha admitido socialmente que las personas
menores de edad, por encontrarse en el periodo llamado “adolescencia”,
presentan conductas “rebeldes” tendentes a poner a prueba los límites sociales
establecidos, sus conductas en ocasiones afectan a “terceros” –contraviniendo
lo establecido en nuestro artículo 28 Constitucional”. (RUIZ, 2010)
Aunque la
penalidad es una prevención absolutamente tardía es necesaria, en cuanto defrena
las tendencias criminógenas, claramente
el sentido esencial de la Política Criminal debe prevenir a toda costa la
violencia y la delincuencia, más aun en la población juvenil; sin embargo al
esta no desarrollarse de forma competente se debe reprimir el ilícito y garantizar
con ello la prevalencia de las normas constitucionales que restringen las
actuaciones contraproducentes.
Referencias:
CHAVARRÍA, J. G. (2010).
Política de Persecución Penal en Delincuencia Organizada y Gestión Funcional
del Ministerio Público. Retrieved
from https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/Documentos_2018/Circulares/PPP/03-PPP-2010.pdf
RUIZ, D. (2010). Procesos
y políticas de persecución penal en materia penal juvenil. Retrieved from https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/Documentos_2018/Circulares/PPP/11-ADM-_2010.pdf
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